
Cuando una persona alojada gratuitamente se niega a abandonar la vivienda, la situación jurídica difiere significativamente de un desalojo locativo clásico. La ausencia de contrato no significa ausencia de derechos para el ocupante, ni libertad total para el anfitrión. Comprender los recursos disponibles, sus plazos y sus límites permite evitar errores con consecuencias duraderas.
Derechos conexos construidos por la persona alojada: el verdadero punto de bloqueo
La mayoría de las guías se centran en la carta de requerimiento y la presentación ante el tribunal. Pasan por alto un problema concreto: con el tiempo, la persona alojada de forma gratuita puede haber anclado su presencia administrativa en la vivienda.
Recepción de correo en la dirección, domiciliación ante la CAF, inscripción en las listas electorales, declaración a impuestos: cada uno de estos actos crea un vínculo documentado entre el ocupante y la vivienda. Estos elementos no confieren un derecho al mantenimiento en el lugar en sentido estricto, pero complican el procedimiento. Un juez que reciba una solicitud de desalojo examinará la duración de la ocupación y las pruebas de un anclaje real.
Para el anfitrión, la dificultad es doble. Debe demostrar que el alojamiento era temporal (de ahí la utilidad de un escrito inicial) y que la solicitud de salida ha sido formalizada. Si no existe ningún rastro escrito, la palabra del anfitrión pesa menos frente a los justificantes administrativos acumulados por el ocupante.
Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda reunir las pruebas del acuerdo original: SMS, correos electrónicos, certificado de alojamiento fechado. Estos documentos establecen el marco y la duración prevista del alojamiento.
Alojamiento gratuito y desalojo: comparación de etapas según la situación
El procedimiento varía según si el ocupante coopera o se niega categóricamente a irse. La tabla a continuación compara los dos casos para desalojar a una persona alojada de forma gratuita en el marco legal francés.
| Etapa | Salida amistosa | Negativa a abandonar el lugar |
|---|---|---|
| Solicitud inicial | Discusión oral o escrita, acuerdo sobre una fecha | Carta de requerimiento por correo certificado con acuse de recibo |
| Plazo habitual | Unos días a unas semanas | Varios meses (procedimiento judicial incluido) |
| Intervención de un tercero | No necesaria | Conciliación, luego presentación ante el tribunal judicial |
| Decisión judicial | No requerida | Sentencia de desalojo obligatoria |
| Ejecutación forzada | No aplicable | Comisario de justicia (anteriormente alguacil) |
El punto central: el anfitrión nunca puede forzar la salida por sus propios medios. Cambiar las cerraduras, cortar el agua o la electricidad, mover las pertenencias del ocupante constituyen vías de hecho sancionadas penalmente, independientemente de la legitimidad de la solicitud.

Requerimiento y conciliación antes del tribunal
El requerimiento por carta certificada constituye el primer paso formal. Debe mencionar claramente la identidad de las partes, la dirección de la vivienda, el carácter gratuito del alojamiento y la fecha límite de salida deseada.
Conservar el acuse de recibo es indispensable: este documento prueba que el ocupante ha sido debidamente informado. Sin esta prueba, el juez puede considerar que la solicitud no ha sido formulada válidamente.
Por otro lado, varias fuentes jurídicas destacan un paso a menudo descuidado: la conciliación o mediación antes de cualquier presentación ante el tribunal. Este trámite presenta una doble ventaja. Demuestra la buena fe del anfitrión ante el juez y, a veces, ofrece una salida más rápida que un procedimiento contencioso.
La conciliación puede llevarse a cabo ante un conciliador de justicia (gratuito) o en el marco de una mediación convencional. Si el ocupante acepta un acuerdo durante esta fase, un acta de conciliación puede ser homologada por el juez y volverse ejecutoria.
Presentación ante el tribunal judicial en caso de fracaso
Cuando la conciliación falla, el anfitrión presenta la solicitud ante el tribunal judicial del lugar de la vivienda. La solicitud se refiere al desalojo del ocupante sin derecho ni título. El juez generalmente fija un plazo de salida.
Si el ocupante no cumple con la sentencia, el anfitrión debe recurrir a un comisario de justicia para notificar la decisión y, como último recurso, solicitar la intervención de la fuerza pública.
- La tregua invernal (del 1 de noviembre al 31 de marzo) puede aplicarse incluso a un alojado de forma gratuita si el juez no la ha excluido expresamente en su decisión.
- El plazo entre la presentación ante el tribunal y la ejecución efectiva del desalojo a menudo se extiende durante varios meses, a veces más, dependiendo de la carga del tribunal.
- La asistencia de un abogado no es obligatoria ante el tribunal judicial para este tipo de solicitud, pero se recomienda encarecidamente para estructurar el expediente.
Obligaciones de declaración tras la salida de la persona alojada
Una vez que el ocupante se ha ido, el anfitrión debe regularizar su situación en varios aspectos. Este es un ángulo que los artículos centrados en el procedimiento de desalojo abordan raramente.
El seguro de hogar debe actualizarse. Mientras la persona alojada figure en la declaración de riesgo, el asegurador considera que ocupa la vivienda. Una modificación del contrato evita cualquier litigio en caso de siniestro posterior.
Desde el punto de vista fiscal, la declaración a impuestos debe reflejar la composición real del hogar. Si la persona alojada estaba declarada como ocupante de la vivienda, el impuesto de vivienda y la declaración de ingresos pueden verse afectados. El anfitrión debe informar del cambio de situación para el año correspondiente.
La CAF representa otro punto de atención. Cuando la persona alojada recibía ayudas calculadas en función de su lugar de residencia, su salida puede modificar potencialmente los derechos de todo el hogar declarado en esa dirección.
- Informar al seguro de hogar de la salida del ocupante lo antes posible
- Actualizar la declaración fiscal (composición del hogar, ocupantes de la vivienda)
- Informar del cambio a la CAF si se estaban otorgando ayudas relacionadas con esta dirección
- Reenviar o cancelar cualquier suscripción postal domiciliada a nombre del antiguo alojado

La gestión de un alojamiento gratuito que se complica se basa en una secuencia precisa: prueba escrita del acuerdo inicial, requerimiento formal, intento de conciliación, y luego procedimiento judicial si es necesario. Cada etapa omitida alarga la siguiente. El error más costoso sigue siendo el desalojo salvaje, que expone al anfitrión a acciones penales incluso cuando tiene derecho a recuperar su vivienda.